La consulta popular que planteará el Ejecutivo podría costar unos USD 30 millones, según estimaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estos fondos deberán ser asignados por el Ministerio de Finanzas.
El martes pasado, el presidente Rafael Correa anunció que la primera semana de enero presentará su propuesta de consulta al Consejo Nacional Electoral (CNE). Con este proceso, el Régimen busca enfrentar las críticas que se han realizado por el incremento de la delincuencia.
Según las últimas encuestas, la inseguridad es una de las mayores preocupaciones para los ecuatorianos. De acuerdo con Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, 36% de los consultados están preocupados por la delincuencia. Santiago Pérez, director de la encuestadora SP, explicó que 30% de los encuestados confirmaron que ellos o sus familiares han sido víctimas de robos en la calle en el último año.
Y el estudio de Cedatos reveló que 81% de los ecuatorianos creen que la inseguridad aumentó.
Por ello, a inicios de diciembre Correa anunció que convocará a consulta popular para reformar las leyes. Y hace dos semanas adelantó los temas que se tratarán en ese plebiscito. Entre ellos, la caducidad de la detención en firme para los presos que han cumplido el año sin sentencia y la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Aunque todavía no se conoce de forma oficial cómo será la consulta ni cuáles serán las preguntas, primero deben tener el aval de la Corte Constitucional (CC).
El artículo 104 de la Carta Magna señala: “El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición del Presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana (...). En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas”.
Pero Correa dijo que enviará el documento al Consejo Nacional Electoral. Por ello, este organismo deberá remitir el texto a la CC, para que dé su aval sobre el proceso. Una vez que se tenga el visto bueno, corre un plazo de 15 días para que se convoque a la consulta.
Según Camacho, luego de la convocatoria, el ente electoral tiene un plazo de 60 días para que se realice la consulta popular.
Pero desde ya se ha cuestionado la consulta. Una de las críticas es porque el Jefe de Estado anunció que en el plebiscito se incluirán preguntas sobre corridas de toros y funcionamiento de los casinos.
Para Paco Moncayo, asambleísta de Alianza Libertad, la ciudadanía debe exigir que se realicen preguntas concretas. Con eso coincidió el legislador Enrique Herrería, de Madera de Guerrero. Para él ese tipo de preguntas son insustanciales y demuestran que al Presidente “le importa un pepino el tema de la seguridad” y lo único que busca es revertir la consulta para su beneficio.
Sin embargo, todavía no se conoce el contenido oficial de la propuesta del Gobierno. Pero su realización no debería tomar más de cuatro meses, pues en la Asamblea también se debaten reformas al Código Penal y al de Procedimiento Penal. Según Mauro Andino, en esta propuesta legal ya se ha logrado el respaldo de los bloques, por lo que creen que cuando se lo ponga para segundo debate, se logrará suficiente apoyo.Fuente El Comercio 3 de enero
Según las últimas encuestas, la inseguridad es una de las mayores preocupaciones para los ecuatorianos. De acuerdo con Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, 36% de los consultados están preocupados por la delincuencia. Santiago Pérez, director de la encuestadora SP, explicó que 30% de los encuestados confirmaron que ellos o sus familiares han sido víctimas de robos en la calle en el último año.
Y el estudio de Cedatos reveló que 81% de los ecuatorianos creen que la inseguridad aumentó.
Por ello, a inicios de diciembre Correa anunció que convocará a consulta popular para reformar las leyes. Y hace dos semanas adelantó los temas que se tratarán en ese plebiscito. Entre ellos, la caducidad de la detención en firme para los presos que han cumplido el año sin sentencia y la aplicación de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Aunque todavía no se conoce de forma oficial cómo será la consulta ni cuáles serán las preguntas, primero deben tener el aval de la Corte Constitucional (CC).
El artículo 104 de la Carta Magna señala: “El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por disposición del Presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa ciudadana (...). En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas”.
Pero Correa dijo que enviará el documento al Consejo Nacional Electoral. Por ello, este organismo deberá remitir el texto a la CC, para que dé su aval sobre el proceso. Una vez que se tenga el visto bueno, corre un plazo de 15 días para que se convoque a la consulta.
Según Camacho, luego de la convocatoria, el ente electoral tiene un plazo de 60 días para que se realice la consulta popular.
Pero desde ya se ha cuestionado la consulta. Una de las críticas es porque el Jefe de Estado anunció que en el plebiscito se incluirán preguntas sobre corridas de toros y funcionamiento de los casinos.
Para Paco Moncayo, asambleísta de Alianza Libertad, la ciudadanía debe exigir que se realicen preguntas concretas. Con eso coincidió el legislador Enrique Herrería, de Madera de Guerrero. Para él ese tipo de preguntas son insustanciales y demuestran que al Presidente “le importa un pepino el tema de la seguridad” y lo único que busca es revertir la consulta para su beneficio.
Sin embargo, todavía no se conoce el contenido oficial de la propuesta del Gobierno. Pero su realización no debería tomar más de cuatro meses, pues en la Asamblea también se debaten reformas al Código Penal y al de Procedimiento Penal. Según Mauro Andino, en esta propuesta legal ya se ha logrado el respaldo de los bloques, por lo que creen que cuando se lo ponga para segundo debate, se logrará suficiente apoyo.Fuente El Comercio 3 de enero
